News Opinion

SOS COLOMBIA

Por Laura Silva Aya

Nota: Este artículo representa la opinión de la autora, y puede no representar la opinión del Consejo Editorial de The Graduate Press, del cual la autora hace parte.

Este artículo contiene descripciones de violencia gráfica.


Desde el 28 de abril de 2021, en respuesta a las protestas pacíficas en todo el país, las fuerzas de seguridad en Colombia han sido responsables de 18 casos de violencia sexual, el homicidio de 43 civiles, 49 incidentes de agresión contra miembros de la prensa, 146 casos de uso de armas de fuego contra manifestantes, 578 desapariciones, 1139 detenciones arbitrarias y 2387 casos de brutalidad policial.

Lo que comenzó como un paro nacional para protestar pacíficamente contra un gobierno ineficaz e incompetente se ha transformado en un panorama de represión brutal y sangrienta, en el que el Estado colombiano está violando sistemáticamente los derechos humanos del pueblo colombiano y matando a civiles inocentes.

¿Por qué?

El paro nacional del 28 de abril se convocó por diversos motivos, entre los cuales que se destaca una propuesta de reforma tributaria. La reforma fue introducida ostensiblemente por el presidente Iván Duque y sus aliados políticos como una respuesta de emergencia al desmoronamiento de la economía colombiana debido a la pandemia de Covid-19. La pandemia ha puesto en peligro críticamente la seguridad económica y social de Colombia, sectores acosados incluso en circunstancias normales por la corrupción desenfrenada de funcionarios del gobierno, el mal manejo de los fondos públicos y la desigualdad severa.

En marzo de 2021, el desempleo en Colombia estaba en 16,8%. Los ingresos del gobierno han caído bruscamente debido a las reformas fiscales anteriores del gobierno que concedieron importantes exenciones fiscales a los colombianos más ricos, además de las pérdidas económicas generales que se han generado en visto de que los colombianos están sufriendo las duras consecuencias de la pandemia. Esto llevó al gobierno a buscar apoyo económico del FMI, arrastrando la deuda pública de Colombia hasta el  64,3%  de su PIB. De esta forma, el país se enfrenta al déficit fiscal más alto de los últimos 70 años y un alarmante 42,5%  de la población vive en la pobreza.

A pesar de que el gobierno intentó calificarla como una “ley de solidaridad sostenible”, la reforma tributaria fue profundamente problemática. Trató de imponer hasta un 19% de impuesto sobre las ventas de productos y servicios básicos, dejando al mismo tiempo exenciones fiscales para los más ricos, así como para los hoteles, restaurantes y negocios en zona franca. La clase trabajadora y la clase media colombiana se verían obligados a pagar un impuesto del 19% sobre los servicios de gas, agua, alcantarillado, internet, teléfonos celulares, diferentes formas de transporte, productos de la canasta familiar, e incluso servicios funerarios y de cremación. En un país donde el 67% de la población sobrevive con menos de $632,000 pesos (149.30 CHF) al mes, y 2.4 millones de de 7.8 millones de hogares colombianos ahora sólo pueden permitirse comer dos comidas al día en lugar de tres debido a la pobreza que enfrentan, esta fue una medida extremadamente injusta e incluso cruel.

Es muy evidente que la propuesta fue producida por una clase política y socioeconómica arrogante, negligente, desconectada e ignorante de la realidad de vida de la mayoría de los colombianos. Esto quedó grotescamente claro cuando el Ministro de Hacienda defendió la implementación del impuesto a los productos de alimentación al afirmar que un cartón de 12 huevos sólo costaba 1800 pesos (aproximadamente 0.43 CHF) – cuando, en realidad, el precio de una docena de huevos cuesta cuatro veces más.

Ira pública

Mientras tanto, los colombianos han tenido que lidiar con una pandemia implacable que se ha robado más de 76.015 vidas. Como era de esperar, la respuesta a la pandemia se ha caracterizado por incompetencia por parte del gobierno, con el Instituto Lowy (un instituto de investigación independiente con sede en Australia) calificando su desempeño en la gestión de la crisis Covid-19 entre los peores del mundo – actualmente clasificado en 100 de 102, superado sólo por México y Perú.

Este mal manejo llevó a escenas absurdas, como cuando el Ministro de Salud, el Presidente y la Vicepresidenta celebraron con una selfie el primer lote de vacunas que llegaron a territorio colombiano – a pesar de que llegaron casi cuatro meses después de que otros países iniciaron sus campañas de vacunación, y que constituían sólo el 0,08% de las vacunas que Colombia necesita. En medio de esto, el gobierno también ha propuesto reformas para el sistema de salud que también son tremendamente impopulares, ya que los críticos argumentan que estarían en detrimento del derecho a la salud de las personas en favor de beneficios financieros para las compañías de seguros y los proveedores de atención médica.

Los colombianos también se han visto obligados a ver escapar sus esperanzas de paz mientras una nueva ola de violencia se intensifica en todo el país. Agresores desconocidos operan con impunidad casi garantizada, con al menos 1000 líderes sociales y activistas de derechos humanos asesinados en todo el país desde el 2016. 289 excombatientes de las FARC, que dejaron sus armas tras el histórico acuerdo de paz del 2016, también han sido asesinados en este periodo .

Mientras tanto, el acuerdo de paz y el mecanismo de justicia transicional – la JEP – se han enfrentado a graves obstáculos en su implementación y aplicación por parte de un gobierno hostil. También se ha creado indignación y rabia en el pueblo, ya que estos órganos institucionales han revelado que entre los años 2002 y 2008, el ejército colombiano asesinó a 6402 civiles inocentes y los hizo pasar por “combatientes enemigos” muertos en combate.

Brutal represión estatal

Estas fueron las circunstancias que motivaron a la gente a unirse al paro y salir a las calles el 28 de abril. Trabajadores, sindicalistas, activistas, maestros, estudiantes, grupos indígenas, empresarios y ciudadanos de diversos sectores socioeconómicos y políticos ejercieron su derecho constitucional de reunión pacífica y dejaron clara su descontento con el gobierno y sus violentas políticas sociales y económicas.

Sin embargo, esto no se encontró con el diálogo que merecía. En su lugar, el Estado desató una represión desenfrenada. En el contexto de las protestas mayoritariamente pacíficas que comenzaron el 28 de abril, el gobierno ha aprovechado varios desafortunados actos de vandalismo para estigmatizar a los manifestantes como “terroristas”, afirmando – sin pruebas ni justificación – que las protestas estaban siendo orquestadas por disidencias de las FARC y otros grupos ilícitos, y responder al descontento social con brutalidad y violencia desmedida por parte del ejército y la policía. Una plétora de organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han condenado las acciones del gobierno.

El 1 de mayo del 2021, Duque ordenó la militarización de ciudades colombianas, intensificando aún más la represión y los ataques contra la población civil. El expresidente Álvaro Uribe Vélez glorificó irresponsablemente el uso de la fuerza letal contra civiles inocentes al tuitear : “Apoyemos el derecho de los soldados y policías a usar sus armas de fuego para defender su integridad y defender a las personas y bienes de actos criminales de violencia terrorista”. Esta llamada explícita a la represión fue posteriormente eliminada por Twitter. 

En el momento de redactar este artículo, el gobierno aún no ha asumido la responsabilidad de la masacre de sus propios civiles. Ni siquiera lo ha reconocido, escondiéndose cobardemente detrás de un discurso justificativo de “orden público y seguridad”.

Como resultado de la presión pública del paro, y debido a la condena internacional de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, el presidente derogó la reforma fiscal y el Ministro de Finanzas renunció. Pero la movilización social se ha transformado en algo cada vez más desesperado y urgente: un campo de batalla en el que personas inocentes se ven obligadas a luchar en las calles literalmente contra las armas de grado militar por su derecho a vivir con dignidad y no ser asesinadas por un Estado impenitente e indiferente.

Aunque no nos sorprenda, cada muerte, cada abuso, cada violación de nuestros derechos humanos, y cada acto de brutalidad sigue siendo doloroso para los colombianos que ya tienen que soportar la violencia física, económica, social e institucional. Y ahora nos fuerzan a soportar aún más. Mientras clamamos para que nuestras voces sean escuchadas cada día en las calles, somos testigos de las desgarradoras imágenes y videos que se comparten por la noche:

Una madre inconsolable suplica que la maten a ella también después de que su hijo fue asesinado por la policía. Un joven alegre que pasó la manifestación bailando y marchando pacíficamente junto a sus amigos, es vilmente baleado 8 veces por individuos desconocidos en un carro. La policía dispara contra la gente que huye, impotente y acorralada. Los tanques disparan de forma ensordecedora en el corazón de una ciudad.

Las cifras seguirán aumentando. Una vez más, la policía y el ejercito colombiano son responsables de 18 casos de violencia sexual, el homicidio de 43 civiles, 49 incidentes de agresión contra miembros de la prensa, 146 casos de uso de armas de fuego sin restricciones contra manifestantes, 578 desapariciones, 1139 detenciones arbitrarias y 2387 casos de brutalidad policial.

Los colombianos seguiremos resistiendo, pero en medio de todo gritamos con desespero: los 43 hombres y mujeres que lucharon por una Colombia mejor no “murieron” ni “fallecieron”. Los mataron. El estado los mató.

Nos están matando.

¡SOS COLOMBIA!


Laura Silva Aya está terminando su Maestría en Relaciones Internacionales/Ciencias Políticas en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo en Ginebra, Suiza. Es co-Editora en jefe de The Graduate Press, y nació en Bogotá, Colombia. 


El crédito y la propiedad de todas las fotos pertenecen a Alexis Agudelo Mejía – Alianza de Medios Alternativos @alexis_agudelomejia

0 comments on “SOS COLOMBIA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: