Global Perspectives Column

Cómo los jóvenes salvaron al Perú de una nueva dictadura

Dada la brutal represión policial en las protestas, miles de jóvenes se auto-organizaron para realizar una marcha nacional el sábado 14 de noviembre. La organización ocurrió a través de redes sociales, principalmente Twitter, Instagram y TikTok. No hubo un liderazgo real de un partido político, central sindical, ni colectivo organizado. Fueron los jóvenes, quienes sin ningún tipo de experiencia previa en protestas, menos aún con alto grado de conflictividad, decidieron organizarse en brigadas de salud, de desactivación de bombas y de prensa.

por Fiama Angeles y Fabiola Maza

Publicado en ingles, en 2 de diciembre de 2020.

La mejor ilustración de la crisis política del Perú se resume en el hecho que casi todos los presidentes de los últimos veinte años, así como políticos, están inmersos en casos de corrupción. El último presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, renunció en el 2018 por lo mismo. Su Vice-Presidente, Martín Vizcarra, asumió la presidencia y fue vacado por el Congreso el pasado 9 de noviembre también por indicios de corrupción en un cargo político anterior; y el presidente del Congreso, Manuel Merino, encargado interinamente del Gobierno y también inmerso en corrupción, renunció en menos de una semana gracias a la presión ejercida por la población. El 17 de noviembre, en medio de un gran conflicto social y una situación de anarquía política, Francisco Sagasti juramentó como presidente, a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales.

 Cabe destacar que la reciente crisis política en el Perú tiene sus raíces en el gobierno autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000), encarcelado desde el 2009. La reconstrucción de la democracia peruana en un contexto plagado de corrupción y bajo la sombra del fujimorismo ha sido el gran desafío político del Perú durante  los últimos veinte años. Como consecuencia del persistente obstáculo interpuesto por la mayoría fujimorista en el Congreso en este último mandato, el presidente Vizcarra decidió su disolución, con gran apoyo popular, en septiembre de 2019 y convocó urgentemente a elecciones parlamentarias. El nuevo Congreso, sin embargo, congregó nuevamente una clase política corrupta y conservadora que no canalizó los reclamos populares de reformas estructurales.

Ante los indicios de corrupción de parte de Vizcarra , el Congreso optó por la vacancia del ex presidente por incapacidad moral, una figura constitucional bastante cuestionada. Aproximadamente el 88% de peruanos estaban en contra de la vacancia. A pesar de los indicios de corrupción, el pueblo peruano priorizó  la estabilidad política dada la crisis social y económica causada por la  pandemia que ya nos había golpeado excesivamente, y exigía que el presidente Vizcarra fuera  debidamente investigado pero una vez termine su mandato en julio de 2021. Sin lugar a dudas, el Perú ha sido uno de los países más afectados por la pandemia del COVID-19. La precariedad del sistema de salud en el país, sumado a los altos nivel de contagio y de muertes, llevó al pasado Gobierno a imponer una de las cuarentenas más estrictas a nivel global. Desde marzo hasta la fecha el país mantiene un toque de queda nocturno y sigue sin habilitar vuelos internacionales con destinos de Europa y Asia. Los efectos económicos se han visto en  una contracción anual del 12% del PBI[1] y en una tasa de empleo informal situada en un impresionante 74%[2]. A ello se le suma que Vizcarra no era un presidente elegido democráticamente, sino que asumió tal rol ante la renuncia del anterior presidente, Pedro Pablo Kuczynski, también involucrado en corrupción y que en un acto lamentable decidió el indulto, afortunadamente temporal, de Alberto Fujimori.

El lunes 9 de noviembre, Manuel Merino, congresista inmerso en varios casos de corrupción, asumió la presidencia del Perú luego de vacar a Vizcarra. El peligro en su designación, además de varios controversiales proyectos de ley en cola, era la posibilidad que suspendería las próximas elecciones y así regresaríamos  a una dictadura. Como respuesta, varios colectivos y personas, mayoritariamente jóvenes, se auto convocaron para protestar en las calles, a nivel nacional. Estas protestas continuaron de manera descentralizada los dos días siguientes. Sin embargo, la respuesta del gobierno se hizo notar de inmediato con una brutal represión policial que hizo uso indiscriminado de gases lacrimógenos, disparo  desde perdigones hasta canicas y trato  a los protestantes como criminales, pese a que la mayoría eran protestas pacíficas.

Manuel Merino nombró a un gabinete ministerial que enardeció aún más al país. Este reflejaba una clase política obsoleta de derecha conservadora, con una posición contraria a las demandas de la juventud peruana, como rechazar una reforma estructural que permita una mayor justicia social, una lucha frontal contra la corrupción, reducción de las desigualdades económicas, la representación de pueblos indígenas, el reconocimiento de los derechos de la población LGTBIQ+, entre otros. Esta clase política, cercana al fujimorismo, se había mostrado en contra de la reforma universitaria que se implementó años atrás, a través de la cual se ejerció un control estatal en las llamadas “universidades negocio”, que se lucran  a costas de la precarización de la educación. La juventud reclamaba el fin de la mercantilización de la educación, además de otros servicios públicos que fueron privatizados en la ola neoliberal impuesta por Fujimori.

Dada la brutal represión policial en las protestas, miles de jóvenes se auto-organizaron para realizar una marcha nacional el sábado 14 de noviembre. La organización ocurrió a través de redes sociales, principalmente Twitter, Instagram y TikTok. No hubo un liderazgo real de un partido político, central sindical, ni colectivo organizado. Fueron los jóvenes, quienes sin ningún tipo de experiencia previa en protestas, menos aún con alto grado de conflictividad, decidieron organizarse en brigadas de salud, de desactivación de bombas y de prensa. También se unieron estudiantes de derecho y abogados que se organizaron para repartir habeas corpus impresos y brindar apoyo legal gratuito a los detenidos arbitrariamente. Entre el viernes y el sábado, se formaron centros de acopio de agua con bicarbonato de sodio, vinagre, latas, escudos de madera improvisados, ollas y cucharas. Paralelamente, decenas de k-popers peruanos inundaron las cuentas oficiales del Congreso y hashtags promovidos por este con vídeos  spam, al igual que sus pares americanos lo hicieron con Trump. Con videos de YouTube realizados por protestantes en Hong Kong, decenas de jóvenes se entrenaron para desactivar bombas lacrimógenas. La juventud peruana estaba armada con celulares, patines  y cascos de bicicleta, pero motivada  con la indignación de ver al Perú nuevamente en una dictadura. La crisis había despertado una solidaridad colectiva y política dirigida hacia un objetivo claro:  la eliminación de un sistema corrupto y perverso y la recuperación de un estado democrático y comprometido con la igualdad y justicia social.    

Ese histórico sábado, se realizaron protestas descentralizadas en casi todos los distritos de Lima y en todas las regiones del Perú, en medio de una pandemia que aún acechaba. Aquellos que no salieron a protestar, participaron en los cacerolazos que resonaron en todo el Perú como nunca antes. Inicialmente, ningún medio de señal abierta informó de lo que estaba ocurriendo en las protestas. La única plataforma que brindaba información durante esos momentos fue Twitter, gracias a los mismos protestantes. Lo que se veía era desgarrador. Pedidos desesperados de ambulancias (que no habían). Solicitudes a la brigada de salud. Videos y transmisiones en vivo donde la policía lanzaba bombas lacrimógenas directamente a los cuerpos de jóvenes que intentaban protegerse con sus carteles de cartón. Disparos de perdigones. Grupos de gente que fue acorralada por la policía para luego recibir gases lacrimógenos. Gente herida siendo auxiliada en camillas improvisadas. Y decenas de avisos de personas desaparecidas.

El resultado fueron dos lamentables muertes, Inti Sotelo y Bryan Pintado. Dos jóvenes asesinados por múltiples disparos de proyectiles. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos registró más de 200 heridos y varias personas que estuvieron desaparecidas por días. Ante la presión popular y también aquella de la comunidad internacional, especialmente de la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y una gran ausencia de reconocimientos diplomáticos, Manuel Merino renunció. Luego de tensas deliberaciones y negociaciones entre los partidos políticos que conforman el Congreso y dos días de anarquía, Francisco Sagasti fue designado como presidente interino del Perú. Sin embargo, su designación representa un alivio temporal mas no una solución. Los peruanos tenemos claro que todavía queda mucho trabajo por hacer.

Las movilizaciones y protestas aún continúan exigiendo justicia para Inti, Bryan y las decenas de heridos y/o detenidos en condiciones ilegales, además de una urgente reforma policial. Sin embargo, uno de los principales pedidos es el cambio de Constitución. La actual Constitución fue expedida en el gobierno autoritario de Fujimori, con serias dudas sobre su legitimidad y aprobación en referéndum, además de las controversias que suscitan el debilitamiento de instituciones políticas y el régimen económico que implementó. Dicha Constitución ha sido puesta nuevamente en debate debido al reciente pronunciamiento (o mejor dicho, la ausencia de pronunciamiento) del Tribunal Constitucional sobre la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral.La crisis se ha calmado, pero diversos problemas estructurales nos persiguen como país. La desigualdad y la corrupción son tal vez nuestros monstruos más grandes. La ausencia de partidos políticos representativos y sostenidos, una clase política que se articula en función de intereses económicos de índole personal, el clientelismo político y un rol muy lamentable de los medios de comunicación. Pero a  los 200 años de la independencia del Perú a celebrarse en el 2021, la generación del Bicentenario, en referencia al importante rol de los jóvenes, nos da mucha esperanza y optimismo. Su perspectiva crítica, creatividad y, sobretodo, una profunda solidaridad política nos ha enseñado una lección muy grande: el corazón de la democracia no está en las leyes, sino en las calles.


Fiama Angeles is a second-year MIA Student, a Peruvian economist focusing on trade and environment. Twitter: @fiamangeles / Instagram: @fiamangeles

Fabiola Maza is a second-year MIA student. Peruvian, lawyer, and feminist. Twitter: @fabiolamaza / Instagram: killyridols__

[1] Encuesta publicada por IPSOS el 10 de noviembre de 2020. Fuente: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-11/la_crisis_politica_noviembre_2020.pdf

[2] Encuesta publicada por IPSOS el 10 de noviembre de 2020. Fuente: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-11/la_crisis_politica_noviembre_2020.pdf

1 comment on “Cómo los jóvenes salvaron al Perú de una nueva dictadura

  1. Pingback: How the Youth Saved Peru from a New Dictatorship – The Graduate Press

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